Retos de la migración forzada en Latinoamérica.

El contexto de violencia generalizada, búsqueda de mejores oportunidades, debilitamiento del Estado de derecho, son algunas de las razones que nutren la dinámica de los flujos migratorios en Latinoamérica y que han incrementado a nivel internacional y de manera significativa, las personas que realizan solicitud de asilo, refugio y de medidas complementarias de protección. Nos atrevemos a afirmar que probablemente la migración en la región se ha convertido en el efecto residual de la crisis de las dinámicas políticas y económicas y, en consecuencia, del aumento de la desigualdad social.

Es necesario, entonces, comprender que la migración en la región no puede reducirse sólo a un acto individualista, auspiciado por la pretensión voluntaria y materialista de encontrar mejores condiciones de vida personales, así como de disfrutar de un estatus mayor en los países de destino. Desafortunadamente en Latinoamérica, las migraciones no se han producido como un éxodo emancipador, sino que históricamente han tenido y mantienen las características de una huida poblacional, segmentada y subordinada a patrones políticos y económicos que han relegado a los grupos sociales más vulnerables a las peores condiciones de desigualdad, haciendo cada vez más notoria la necesidad de protección a refugiados y solicitantes de asilo.

Es por esta razón que el fenómeno en la región se ha colocado entre los asuntos de prioridad en las agendas de algunos países los últimos años, pero, si bien por un lado hemos observado un movimiento internacional de apoyo y solidaridad con las personas refugiadas, también hemos podido constatar un crecimiento de la xenofobia, discriminación y las políticas restrictivas, que han cerrado las puertas a un número creciente de personas con necesidades de protección internacional en los países de tránsito, bajo la premisa de que este fenómeno implica graves situaciones en el orden político, que trastornan el equilibrio en los centros de población. Esto deja en evidencia que la región no estaba preparada con políticas migratorias fundamentadas en los Derechos Humanos de las poblaciones migrantes, careciendo en muchos casos de preparación para su abordaje (pues exceden con creces las posibilidades y capacidades de los Estados receptores); además del desconocimiento de avances en el sistema de Naciones Unidas, así como de la Opinión Consultiva OC-18/03 sobre el Derecho a la Igualdad y a la no discriminación de los migrantes indocumentados, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo esta última una plataforma de vital importancia para la protección de la población migrante, que parte de la obligación de respeto a sus derechos fundamentales.

Por su parte, México siempre ha sido un país amigo, cuyas leyes en algún momento proporcionaron un ejemplo claro de voluntad para facilitar condiciones para la inclusión y no discriminación de grupos diversos y promover la hospitalidad; pero ante la creciente ola de personas refugiadas, las políticas migratorias mexicanas hace algún tiempo han quedado desbordadas y relegadas por otros problemas que le han exigido al país atención puntual, dejando de lado la actualización, capacitación y aplicación de los Derechos Humanos para las poblaciones extranjeras que se encuentran en el territorio de forma indefinida. Recientemente, México ha tenido retrocesos jurídicos e institucionales que se reflejan en el tratamiento de la cuestión migratoria, en especial en el tratamiento institucional y normativo de los casos de refugiados, pues estos últimos han aumentado exponencialmente y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados no cuenta con la capacidad operativa, presupuestal y recursos humanos suficientes para atender con veracidad y con efectivo respeto a los Derechos Humanos de los solicitantes.

Entre las complicaciones que presentan los países respecto al tema migratorio se encuentra la falta de comprensión de la problemática migratoria misma, su dinámica, su naturaleza y, sobre todo, sus motivaciones. Segundo, la falta de estadísticas confiables de los flujos migratorios.

Otro aspecto para tener en cuenta y al que México y la región deben hacer frente, es impulsar acciones en favor de los Derechos Humanos laborales de las personas refugiadas y solicitantes de asilo; pues los sistemas de movilidad regional no están apropiadamente reglamentados, dando un amplio margen para que reclutadores y agencias de colocación defrauden a trabajadores que ofrecen su mano de obra en otro país. Estos sistemas de movilidad donde la vigilancia e injerencia de los gobiernos es casi nula, da espacio también a que muchos de los Derechos Humanos de los trabajadores se vean vulnerados, tales como acceso a salud, vivienda, a un trabajo bien remunerado, mientras se encuentran en el país de acogida.

En vista que la condición migratoria de una persona no puede ser una justificación para privarle de sus Derechos Humanos, indistintamente de su situación regular o irregular en el Estado receptor, y dado que existen un conjunto de oportunidades de mejora en los países de acogida ¿Qué pueden hacer los Estados para respetar y garantizar los Derechos Fundamentales, más allá de la condición de nacional o extranjero de una persona?

• Primero, es necesaria una agenda estratégica transnacional de migración, en la que se incluya la investigación y publicación de cifras oficiales, identificando nuevas tendencias y aspectos específicos de los procesos migratorios. Es importante que existan dichas cifras oficiales, pues constituirán la base para poder segmentar y evaluar nuevos escenarios de apoyo a los grupos de población que carecen de los medios para ejercer sus derechos fundamentales. Una vez trazada la agenda estratégica, esta debe ser un insumo valioso para los Planes de Desarrollo de los Estados.

• Segundo, es urgente que las legislaciones internas amplíen y fortalezcan la protección de los Derechos Humanos de las personas migrantes. Sin un marco jurídico adecuado, en base a las tendencias migratorias, será muy difícil alcanzar el debido respeto a los derechos fundamentales de los solicitantes de asilo y refugio.

• Tercero, es importante la participación y cooperación entre la sociedad civil, los sindicatos de trabajadores, la iniciativa privada y las instituciones gubernamentales. El aporte multisectorial podrá enriquecer con nuevas propuestas respecto al sistema de protección de los derechos humanos en esta materia y podrá contribuir en la adecuación y compatibilidad con la realidad política, económica, social y cultural de los refugiados y asilados en cada país de acogida.

• Cuarto, reinventar las instituciones públicas que tratan los temas migratorios, partiendo de la capacitación en Derechos Humanos y trato a las personas en condición de migrantes, intercambio de experiencias y análisis de la dinámica de migraciones.

• Quinto, es necesario un especial esfuerzo en atender la condición migratoria laboral y social de las personas migrantes, buscando imposibilitar y detener su explotación durante el proceso migratorio. En particular, acabar con el reclutamiento ilegal o clandestino, con el tráfico de trabajadores migratorios, explotación laboral, entre otros.

• Sexto, la eliminación de la detención administrativa, pues los “fundamentos” jurídicos de ésta son irrespetuosos de los Derechos Humanos y de la presunción de inocencia.

Sin duda, los desafíos que enfrenta la

región respecto a las dinámicas migratorias son muy grandes; pero los Derechos Humanos de los migrantes no pueden seguir en espera. La realidad actual de movilidad demanda asumir como prioridad el respeto a los derechos fundamentales de toda persona migrante, sin importar su condición.

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